Camboya: Trabajadores de la industria de la confección están desprotegidos
(Phnom Penh) – El gobierno de Camboya no protege de los abusos laborales a los trabajadores del sector de la confección que laboran en la producción de indumentarias para reconocidas marcas, señaló Human Rights Watch en un nuevo informe presentado hoy. Los trabajadores, en su mayoría mujeres, a menudo son obligados a trabajar horas extras, sufren discriminación por embarazo y son objeto de prácticas antisindicales sin que estos problemas sean abordados adecuadamente por el gobierno ni por importantes marcas de vestimenta.
El informe de 140 páginas, “‘Work Faster or Get Out’: Labor Rights Abuses in Cambodia’s Garment Industry” [Trabajen más rápido o váyanse: Violación de derechos laborales en el sector de indumentaria de Camboya], documenta que el gobierno aplica leyes laborales poco rigurosa y que las marcas de indumentaria obstaculizan la supervisión y el cumplimiento de las normas. En los últimos años, las protestas salariales, los casos de trabajadores del sector que sufren desmayos durante la jornada laboral y los procedimientos engorrosos para la inscripción de sindicatos han arrojado luz sobre la difícil situación de los trabajadores en fábricas de indumentaria en Camboya.
“El gobierno de Camboya debería tomar medidas urgentes para revertir la deficiente aplicación de su legislación laboral y proteger a los trabajadores frente a los abusos”, señaló Aruna Kashyap, investigadora sénior de derechos de la mujer de Human Rights Watch. “Se trata de marcas de vestimenta globales ampliamente conocidas. Tienen una posición privilegiada y pueden y deberían hacer más para asegurar que sus contratos con fábricas de indumentaria no contribuyan a que se violen derechos laborales”.
Human Rights Watch comprobó que numerosas fábricas suscribían reiteradamente contratos ilegales de corta duración para evitar pagos por maternidad y otros beneficios a empleados, y para intimidarlos y controlarlos. Es más común que fábricas pequeñas que son subcontratistas de otras más grandes dedicadas a exportación contraten a trabajadores de manera informal, lo cual obstaculiza la posibilidad de los trabajadores de reivindicar sus derechos, ya que se exponen a ser despedidos fácilmente. Las marcas de indumentaria no han adoptado medidas adecuadas para poner fin a contratos ilegales de corta duración en las fábricas de sus proveedores, incluso cuando los códigos de conducta de estos últimos contienen cláusulas que restringen el uso de esta modalidad de contratación.
La industria de la indumentaria en Camboya, dominada por inversiones extranjeras provenientes de Hong Kong, Taiwán, China, Singapur, Malasia y Corea del Sur, es crucial para la economía del país y los medios de subsistencia de las mujeres. Según surge de datos del Ministerio de Industria y Manufactura, las mujeres representan el 90 por ciento de los más de 700.000 trabajadores de indumentaria que se desempeñan en las 1.200 empresas del rubro en el país.
El informe de Human Rights Watch se elaboró a partir de entrevistas mantenidas con más de 340 personas, incluidos 270 trabajadores de 73 fábricas en Phnom Penh y provincias aledañas, dirigentes sindicales, representantes gubernamentales, defensores de derechos laborales, la Asociación de Fabricantes de Indumentaria de Camboya (Garment Manufacturers Association of Cambodia) y representantes de marcas internacionales de indumentaria. De las cerca de 200 marcas de indumentaria que contratan la confección de prendas en Camboya, Human Rights Watch mantuvo contacto con Adidas, Armani, Gap, H&M, Joe Fresh y Marks and Spencer.
Si bien la legislación laboral de Camboya exige que el trabajo de horas extras sea voluntario, los trabajadores de 48 fábricas que son proveedoras de marcas internacionales dijeron a Human Rights Watch que este se cumplía de manera forzada. En el 25 por ciento de estas fábricas, las represalias incluían despidos, deducciones salariales y traslados punitivos. En febrero de 2015, el Ministerio de Trabajo exigió nuevamente que se cumplieran las reglamentaciones sobre horas extras en fábricas.
Distintos trabajadores de 35 fábricas informaron sobre prácticas antisindicales, como despido e intimidación de dirigentes sindicales recientemente elegidos, y contratos más breves para los trabajadores de sexo masculino, a fin de disuadirlos de conformar sindicatos o afiliarse a ellos. Numerosos trabajadores dijeron a Human Rights Watch que los supervisores en las fábricas los presionaban para que cumplieran objetivos de producción de maneras que limitaban su posibilidad de tomar descansos, utilizar los baños, tomar agua o almorzar. En algunos casos, la presión para cumplir metas de producción se intensificó tras el incremento del salario mínimo en 2013 y 2014.
Las trabajadoras de 30 fábricas se refirieron a abusos concretos, como la negativa a contratar, renovar contratos de corta duración o brindar condiciones razonables a mujeres embarazadas, lo cual dificultaba que pudieran trabajar en fábricas. A los trabajadores de algunas fábricas les resultaba difícil obtener autorizaciones médicas de licencia por enfermedad. Human Rights Watch también documentó ejemplos de trabajo infantil ilegal en 11 de las fábricas evaluadas. Los peores abusos se informaron en fábricas subcontratistas más pequeñas, que producen para otras fábricas más grandes con licencia de exportación.
Según datos del Ministerio de Trabajo, entre 2009 y 2013, las autoridades aplicaron multas apenas a 10 fábricas e iniciaron acciones legales contra 7, y se trata en todos los supuestos de medidas correspondientes a 2011. Si bien la cantidad de multas ascendió a 25 en los primeros 11 meses de 2014, sigue siendo un porcentaje extremadamente bajo si se compara con la cantidad total de fábricas y los patrones persistentes de violaciones de derechos del trabajo. En 2014, el Ministerio de Trabajo puso en marcha un mecanismo de inspección laboral integrado y medidas orientadas a mejorar la capacitación. No obstante, se requieren profundas reformas para generar credibilidad ante los señalamientos de corrupción y para mejorar el desempeño de las autoridades de inspección, señaló Human Rights Watch.
Desde las protestas en reclamo de un aumento del salario mínimo llevadas a cabo por trabajadores en diciembre de 2013, el Ministerio de Trabajo ha establecido engorrosos procedimientos de inscripción de sindicatos, lo cual obstaculiza que puedan obtener habilitación.
Better Factories Cambodia (BFC) es un monitor externo que tiene como misión inspeccionar todas las fábricas con licencias de exportación, y emite informes sobre fábricas concretas. No obstante, Human Rights Watch comprobó que algunas fábricas más pequeñas que son subcontratistas y no cuentan con licencias de exportación no están alcanzadas por las inspecciones, pero proveen productos indirectamente a marcas de primera línea a través de otras fábricas de mayor envergadura. Es en estas fábricas más pequeñas donde persisten algunas de las condiciones laborales más precarias. En 2014, BFC presentó una base de datos de transparencia, en la cual se identifica a 10 fábricas con cumplimiento deficiente. Sin embargo, la base de datos sobre transparencia no incluye información relativa al compromiso de las marcas con BFC ni las medidas que estas adoptan para facilitar el cumplimiento de leyes laborales por parte de fábricas de proveedores.
Tras el repentino aumento salarial producido recientemente, respecto del cual la Asociación de Fabricantes de Indumentaria de Camboya manifestó el temor de que desplazaran a las marcas de indumentaria hacia “mercados menos costosos”, la Organización Internacional del Trabajo instó a las marcas de indumentaria a “cumplir su parte” y absorber parcialmente los mayores costos que esto genere para las fábricas. Human Rights Watch comprobó que numerosas fábricas de indumentaria recurrieron a diversas prácticas para reducir costos a expensas de los derechos de los trabajadores protegidos por la legislación de Camboya.
“Estas marcas internacionales de indumentaria deben contribuir al cumplimiento de la normativa laboral divulgando con carácter público y de manera periódica los nombres y la dirección de sus fábricas”, remarcó Kashyap. “Las empresas de indumentaria globales pueden y deben monitorear y subsanar condiciones laborales deficientes en fábricas de proveedores y subcontratistas”.
De las seis marcas con las cuales Human Rights Watch estuvo en contacto, Adidas, Gap y H&M conversaron seriamente sobre las acciones que están realizando para abordar los problemas identificados. Adidas y H&M también divulgan públicamente los nombres de sus proveedores y actualizan periódicamente sus listas. Marks and Spencer se ha comprometido a difundir su lista de proveedores en 2016. Únicamente Adidas ha establecido un procedimiento para que los trabajadores puedan solicitar protección si denuncian irregularidades.
Dirigentes sindicales independientes de la Coalición Sindical Democrática de Trabajadores del Sector de Indumentaria de Camboya (Coalition of Cambodian Apparel Workers Democratic Union, CCAWDU), la Alianza de Sindicatos de Camboya (Cambodian Alliance of Trade Unions, CATU), la Federación Nacional Independiente de Sindicatos Textiles de Camboya (National Independent Federation of Textile Unions in Cambodia, NIFTUC), el Sindicato Colectivo del Movimiento de Trabajadores (Collective Union of Movement of Workers, CUMW) y otros activistas laborales del Centro Comunitario de Educación Legal (Community Legal Education Center, CLEC) y el Centro de Información de los Trabajadores (Workers Information Centre, WIC) han encabezado los esfuerzos por denunciar la desprotección de derechos laborales en fábricas y ayudar a que los trabajadores reivindiquen sus derechos.
Human Rights Watch instó al gobierno a reformular sus inspecciones laborales y a interpelar de manera sistemática a las fábricas para que respondan por los abusos que cometen. Las marcas de indumentaria deberían adoptar medidas más efectivas para prevenir y remediar abusos de derechos laborales en las fábricas que producen para ellas.
“Las marcas de indumentaria comprometidas con sus trabajadores deberían fomentar un monitoreo y una protección más eficaces, divulgando de manera pública quiénes son sus proveedores”, expresó Kashyap. “Todas las marcas deberían computar en sus contratos el costo que supone el cumplimiento de normas laborales, de salud y seguridad, para asegurar con la mayor efectividad posible que estos derechos se respeten en las fábricas”.