España registraría hoy un paro próximo al 10% si la reforma laboral se hubiera aprobado en 2008
España era -y aún sigue siendo en muchos aspectos- uno de los países con mayor rigidez laboral del mundo. Bajo este particular corsé, la tasa media desempleo rondó el 18% desde principios de los años 80 hasta inicios de la pasada década y, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria -donde el crecimiento y la creación de empleo eran irreales y, por tanto, insostenibles-, el paro ha vuelto a situarse por encima del umbral del 20%, a la cabeza del mundo desarrollado, junto a Grecia.
Pese a estos nefastos y evidentes resultados, numerosos políticos y analistas defienden, sin embargo, ese particular modelo, lanzando así duras críticas contra la relativa flexibilidad que propició la reforma laboral aprobada por el PP en 2012. BBVA Research desmonta ahora esos ataques mediante un informe en el que analiza los efectos que ha tenido ese cambio regulatorio sobre el mercado laboral. En concreto, el estudio responde a dos preguntas básicas:
Destrucción histórica antes de la reforma
Lo primero que llama la atención es que en España, tanto las horas de trabajo como los salarios, lejos de bajar, subieron desde 2008 hasta 2011, a diferencia de lo que sucedió en otros países afectados por la crisis, de modo que el desplome de la economía no se tradujo en ajustes salariales, sino en despidos masivos.
En concreto, desde comienzos de 2008, el retroceso de la demanda interna (consumo e inversión) provocó un "descenso acumulado del PIB del 9,3 % hasta mediados del 2013". Pero el hundimiento de la economía no se reflejó en una reducción de jornadas y aún menos de salarios, ya que la remuneración real media por ocupado (descontando la inflación) creció un 8,2% entre el primer trimestre de 2008 y el cuarto de 2011.
¿Resultado? El repunte de los costes laborales, junto a la escasa competencia en el mercado productivo, las subidas de impuestos y el aumento de las tarifas reguladas, "dificultó que los precios del conjunto de la economía se ajustasen a pesar de la reducción de la demanda doméstica, lo que redundó en una menor demanda de empleo".
Como consecuencia, la ocupación cayó un 19% y el paro aumentó en 18 puntos porcentuales, hasta superar el umbral del 26% a inicios de 2013.
La reforma salvó 900.000 empleos
La reforma laboral se aprueba a principios de 2012 y entra plenamente en vigor a mediados de es mismo año. Este cambio de regulación marca un antes y un después en la evolución del mercado de trabajo, ya que introduce ciertos mecanismos de flexibilidad (convenios de empresas, reducción de los costes de despido, etc.) que, hasta entonces, eran inexistentes.
A partir de ese momento, "tanto el número de horas trabajadas por ocupado como los costes laborales moderaron su crecimiento o disminuyeron, facilitando el ajuste del mercado de trabajo", según incide el estudio. En un primer momento, esa mayor flexibilidad frenó el ritmo de destrucción de empleo, pese al impacto de la recesión y la elevada prima de riesgo, y, en segundo término, aceleró la creación de puestos de trabajo desde finales de 2013, cuando el PIB empezó a repuntar.
El informe -firmado por Rafael Doménech, Juan Ramón García y Camilo Ulloa- concluye que, si la reforma laboral no se hubiera aprobado, "se habrían perdido 910.000 empleos adicionales" hasta el cierre de 2015 y "la tasa de paro habría sido 5,1 puntos porcentuales superior a la observada actualmente", es decir, por encima del 25%. Además, a largo plazo, se habrían perdido otros 1,5 millones de empleos.
Podría haber salvado otros 2 millones de empleos
Uno de los datos más llamativos, sin embargo, es que si España hubiera apostado por la flexibilidad laboral desde el inicio de la crisis, en 2008, "se habría evitado la destrucción de cerca de 2.000.000 empleos en el largo plazo y la tasa de desempleo sería hoy en día 8 puntos inferior", aclara. Es decir, el paro en la actualidad rondaría el 12,9% frente al 20,9% registrado a cierre de 2015.
Pese a los efectos positivos de la reforma, el informe también advierte de que son necesarias medidas adicionales ante las debilidades estructurales que persisten en el mercado laboral, como son la alta temporalidad, el desempleo de larga duración, el desajuste entre oferta y demanda o una tasa de paro estructural "todavía muy elevada", próxima al 15%.