El Gobierno prohibirá la venta de frutas y verduras en envases de plástico a partir de 2023

El Gobierno de España está ultimando la creación de un real decreto con el prohibirá la venta de frutas y verduras en envases de plástico a partir de 2023 en los negocios minoristas, como negocios personales o supermercados.

El Ejecutivo que preside Pedro Sánchez está trabajando en la idea de crear el real decreto de envases y residuos que el Ministerio para la Transición Ecológica está detallando. Una medida con la que se tratará de hacer frente a la gran cantidad de plásticos que se utilizan en multitud de productos frescos.

Dentro de esta norma propuesta, también se invitará a las empresas a utilizar más la venta a granel, al igual que ofrecer agua que no esté embotellada. Un decreto que sigue los pasos de la ley francesa de antidesperdicio con la que el país galo reducirá el uso de plásticos en algunos productos a partir de 2022.

El Gobierno de España seguir luchando contra la contaminación y frenar el cambio climático y, según detallan fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica a El País, se trata de "combatir de la manera más eficaz la sobreutilización de envases".

El Gobierno prohibirá la venta de frutas y verduras en envases de plástico a partir de 2023

Un exceso en la utilización de plásticos que contamina y con el que se "ha excedido ya todos los límites". Por ello, el Ejecutivo central sigue los pasos propuestos por algunas organizaciones como Greenpeace que invitó a las instituciones a tomar medidas contra el uso del plástico en productos frescos.

Aunque la norma todavía no está lista, ya que se trata de un borrador. El departamento que dirige Teresa Ribera permitirá que sea la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición la que ofrezca una lista de alimentos que no podrán utilizar plástico a partir del año 2023.

El objetivo es que se reduzca la comercialización de productos como las botellas de plástico un 50% antes del año 2030 y para ello se deberá apostar por envases reutilizables. Un reto al que el Gobierno quiere hacer frente desde el nuevo real decreto propuesto.

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