Más de 2.3 millones de trabajadores no recibirán incremento al salario mínimo, según Informe País de la UFG | Noticias de El Salvador
El incremento al salario mínimo que entrará en vigencia el próximo 1 de agosto no es la solución para potenciar la economía de los salvadoreños, ya que el aumento solo beneficiará a 580,000 trabajadores y en cambio encarecerá los precios para todos los consumidores, señala el informe socioeconómico realizado por el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Francisco Gavidia (UFG).
El Informe Situación de País 2021 detalla que en 2019 la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) registró 2,897,130 trabajadores ocupados y que a 2021 habría alrededor de 2,918,200.
Agrega que el ISSS (Instituto Salvadoreño del Seguro Social) reportó 808,911 trabajadores laborando en el sector “formal” a mayo de este año, de los cuales 184,657 son empleados públicos y 624,254 del sector privado, lo que representa el 27.7% de los trabajadores en el país. Por tanto, hay 2,109,289 (72.3%) que labora en el sector informal.
Según los registros, son 5,740 servidores públicos y el 75% de las personas que trabajan en el sector privado reciben salario mínimo (alrededor de 468,500 personas), lo que implica que recibirán el aumento salarial unas 474,000 personas, que representan el 16.6 % del total de trabajadores ocupados del sector formal, detalla el informe de la UFG presentado por el investigador Claudio de Rosa.
Y si a eso se le suma que el 5% de los trabajadores del sector informal (106,000 personas) logren un aumento del salario mínimo, entonces serían unas 580,000 personas (19.9%) las beneficiadas con la medida, lo cual deja fuera del incremento a 2,338,200 trabajadores del sector informal, es decir el 80.1 %, explicó De Rosa.
El consejo del salario mínimo aprobó a inicios de julio un alza del 20%, tras solicitud de Bukele.
Todo este panorama no es bueno para la clase trabajadora y menos para los desempleados, ya que, según el economista, no solo aumentan los precios de los productos. “Los riesgos son en principio que la gente deja de contratar, porque si pensaba contratar a un trabajador más, ahora tendrá que distribuir ese ingreso en los trabajadores que ya tiene porque no le alcanzará”, dijo el investigador.
Faltan empleos por recuperar
Otro punto importante que destaca el informe es que por la recesión económica en el 2020 se perdieron 71,605 empleos formales, de los cuales no se han podido recuperar 29,351 plazas laborales. “Y esto tomará varios años en recuperarse”, aseveró el investigador.
“Esto le pondrá freno a la recuperación de empleo, ya que aún faltan 29,000 empleos formales que recuperar, porque en el sector informal no hay salario mínimo, ni hay prestaciones y recordemos que representan el 80 % de los trabajadores”, recalcó De Rosa.
En el documento también se destaca que la población en situación de pobreza aumentará.
Según datos de la EHPM, el 32.2% de la población (2.18 millones de personas) habría vivido en situación de pobreza en 2020, pero el número se ha incrementado, ya que a 2021 estaría alcanzando el 33.3% (2.28 millones de personas).
“Pero también se debe poner especial atención a las personas que viven en pobreza extrema, que rondan los 476,000, es decir 7 % de nuestra población vive en esas condiciones, en grave riesgo de desnutrición y es aquí donde el gobierno al menos debería de intensificar la entrega de las canastas de alimentos”, dijo el economista.
Al consultarle a los expositores del informe qué opinan sobre que la única oferta laboral que se observa de parte del gobierno para los jóvenes más pobres es ser elemento de la Fuerza Armada, como lo señaló recientemente Leonor Selva, directora ejecutiva de ANEP, Oscar Picardo, director del Instituto de Cienciase Innovación (ICTI), respondió que parece que no es el camino más democrático ni integral. “Se podría hacer otro tipo de inversiones; cada año se pierden seis de cada diez estudiantes y esos seis van a engrosar las filas de migración, de pandillas y de empleos de baja remuneración, cuando podría invertirse en oportunidades y posibilidades educativas y eso facilitaría la disminución de la delincuencia y criminalidad”, explicó Picardo.
Deuda pública se eleva
La deuda pública total, que incluye sector público financiero, aumentó $675 millones, respecto a diciembre pasado, indica el informe de la Franciso Gavidia.
De acuerdo a los datos citados, entre enero y mayo de 2021 se incrementó en $2,046 millones y llegó a $23,298 millones, es decir el 89.8 % del PIB (Producto Interno Bruto).
“Es importante destacar que si bien los gobiernos que más aumentaron deuda han sido los de Maurico Funes, en cinco años; Salvador Sánchez Cerén, en cinco años, se debe recalcar que en dos años está ya casi por superarlos el gobierno del presidente Nayib Bukele, que en gran medida se debe por la pandemia”, apuntó de Rosa.
Los expertos mostraron preocupación por el crecimiento de la deuda y recomiendan reorientar el Presupuesto General de la Nación en dos vías: reducir el gasto en 2.4% del PIB y aumentar el ingreso tributario en 1.6% del PIB, para contener el déficit y el endeudamiento, si quieren lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para un crédito de $1,300 millones.
El informe de la UFG también expone recomendaciones para que el gobierno oriente sus esfuerzos para potenciar la economía. Una de ellas es establecer un Plan Nacional Contra la Pobreza y el Hambre, explicó Roberto Morán, decano de la facultad de Ciencias Jurídicas.
También es necesario que el gobierno defina con claridad ante la población las relaciones con los Estados Unidos, principal socio comercial y fuente mayoritaria de las remesas familiares, así como con China por los proyectos a realizar.