El PSOE también valora que sea un comité independiente el que investigue los casos de pederastia en la Iglesia
Madrid
El PSOE y el Gobierno buscan la fórmula para que España siga el ejemplo de otros países y también investigue los casos de abusos sexuales a menores cometidos por miembros de la Iglesia católica en el pasado. Testimonios de víctimas, como el que ha dado Alejandro Palomas en la Cadena SER, han provocado la reacción de una mayoría de los partidos del arco parlamentario que buscan la manera de reparar el dolor y dignificar a las víctimas de este tipo de agresiones.
Los primeros en promover una iniciativa en esa dirección han sido Unidas Podemos, Esquerra Republicana y EH Bildu, que el miércoles registraban en el Congreso la creación de una comisión de investigación parlamentaria para recabar datos y elaborar un informe que cuantifique el número de casos, aclare si se han ocultado deliberadamente y permita poner en marcha políticas que impidan que vuelva a ocurrir. La propuesta todavía tiene que ser calificada por la Cámara y recabar el apoyo del Pleno.
El PNV también ha comunicado este viernes que está preparando una iniciativa en este sentido. Sin embargo, el Grupo Vasco quiere que sea una comisión de expertos independientes, no políticos, nombrados por el Gobierno, los que indaguen sobre lo sucedido y elaboren un informe que sea elevado a las Cortes Generales. Los nacionalistas creen que esta fórmula es “la más útil y adecuada” para realizar una investigación sobre la pederastia en la Iglesia.
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La propuesta se realiza ante la “gravedad” de los casos conocidos y constatada la “inacción” de la jerarquía eclesiástica para realizar las pesquisas internas. Al contrario de lo propuesto por otros grupos, los ‘jeltzales’ creen que un equipo independiente de expertos haría una evaluación más respetuosa con los afectados, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos. Aseguran también que este modelo es más parecido al empleado en investigaciones que se han llevado a cabo en países del entorno como Alemania o Francia.
Ambas iniciativas dependen de la voluntad del PSOE para prosperar. En Ferraz y en La Moncloa siguen estudiando distintas opciones pero confirman su voluntad de dar respuesta al llamamiento de las víctimas. Fuentes socialistas aseguran a la SER que también se inclinan por que sea un grupo independiente el que lo aborde. Muestran dudas de que una comisión de investigación parlamentaria sea el espacio más adecuado. Como el PNV, también prefieren buscar un foro alejado del “pimpampum” político.
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El Gobierno trabaja en esa tarea aunque antes de tomar una decisión las fuentes consultadas creen que el presidente del Gobierno debe escuchar a las víctimas. Por eso, esperarán a que Pedro Sánchez se reúna con los afectados, como el escritor Alejandro Palomas, la próxima semana. El jefe del Ejecutivo se comprometió a tener ese encuentro en una conversación telefónica con el escritor cuyo caso conoció gracias a su entrevista en Hora 25 y Hoy por Hoy.
Los socialistas no tendrán que posicionarse antes de esa reunión porque la iniciativa de Unidas Podemos llegará a la Mesa de la Cámara el próximo martes y la Junta de Portavoces, que tendrá que decidir sobre su traslado a Pleno, no se reunirá hasta la tercera semana del mes de febrero, tras las elecciones en Castilla y León. Ese es el calendario que maneja el PSOE. Su voto es indispensable para que las iniciativas prosperen porque aunque Ciudadanos se ha abierto a apoyarlas, el PP lo descarta.
Obligaciones ante las comisiones parlamentarias
El debate sobre qué foro sería el más adecuado para abordar los casos de abusos sexuales no es menor. El PSOE y el PNV creen que en las comisiones de investigación parlamentarias no se dan las condiciones de intimidad que necesitan las víctimas. Sin embargo, este espacio político cuenta con algunas ventajas teniendo en cuenta la nula voluntad de la Iglesia a colaborar. La Ley obliga a todos los ciudadanos que sean requeridos a comparecer ante las comisiones de investigación del Congreso y Senado. No cumplir con ello supone cometer un delito de desobediencia.
Pero además, los llamados a comparecer a una comisión de investigación parlamentaria, también tienen la obligación de decir la verdad. De lo contrario, se enfrentan a multas o, en el peor de los casos, penas de prisión. Los diputados o senadores que la conformen, también pueden reclamar a las instituciones relacionadas con el objeto a investigar, los datos e información que necesiten para poder elaborar sus conclusiones.
Las recomendaciones de la Fiscalía en 2019
En el PSOE aseguran que están estudiando las iniciativas similares de carácter institucional llevadas a cabo en otros países. En el año 2019 la Fiscalía General del Estado envió un informe al Ministerio de Justicia en el que reconocía la importancia de poner en marcha mecanismos para detectar los casos ocurridos en el pasado para establecer mecanismos de prevención. Como ejemplo, se ponía “la Real Comisión” creada en 2012 en Australia, la “Comisión Deetman” en Holanda o la Comisión de investigación dependiente de la Conferencia Episcopal en Austria.
En todos esos casos, apuntaba el Ministerio público, se tratan de actuaciones que para cumplir sus objetivos requieren de la colaboración y actuación coordinada de diversas entidades, instituciones y administraciones implicadas en la materia. El problema en España es que la cúpula de la Iglesia se niega a realizar una investigación histórica y en profundidad de los abusos ocurridos en el pasado. La Fiscalía General del Estado se propuso entonces para iniciar contactos con las instituciones y entidades implicadas para establecer cauces de comunicación y colaboración que permitieran profundizar en esa línea.