20 marcas de cigarros ilegales se venden sin trabas

El comercio ilícito de cigarrillos sigue presentándose en el país en medio de decenas de personas que acuden a los comercios pidiendo “cigarros baratos”.Un producto que se consigue al menudeo en varios lugares como el centro de San José, donde al grito de “¡fume, fume!” los vendedores ambulantes buscan captar la atención de quienes tienen este vicio.Se trata de cajetillas de cigarros que ingresaron a Costa Rica por medios ilegales y se abren paso en un mercado oscuro que incluso requiere la confianza del vendedor con el comprador para lograr adquirirlos.Así lo comprobó DIARIO EXTRA en un recorrido, en el cual adquirió varias de estas cajas de cigarros ilegales que se venden a un precio de ¢1.000 en la mayoría de comercios.En los locales que visitamos los dependientes sacaban de urnas ocultas al fondo o escondidos en medio de otras mercaderías las cajetillas que posteriormente nos vendieron.Esto se produjo sin mediar una advertencia de que estaban las marcas reguladas por las autoridades nacionales y sin poner peros en la venta.Incluso, las cajetillas son de marcas que no son reguladas en Costa Rica y no cumplen con los estándares que exige la ley nacional, tales como los pictogramas y advertencias que el Ministerio de Salud indica deben colocarse, acorde con la Ley 9.028 aprobada en 2012.Desde ese año se ha registrado un incremento consistente de modo que a hoy cuatro de cada diez cigarrillos en el país son comercializados por bandas criminales que no pagan impuestos ni cumplen las regulaciones.Este ilícito se da con mayor incidencia en la provincia de San José, en el cantón central, Alajuelita, Curridabat, Goicoechea y otros.Se trata de cigarrillos que se fabrican en India, Corea y China, luego se importan a Panamá, desde donde se transportan a Costa Rica a través de la frontera de Paso Canoas. Existen más de 20 marcas ilegales, pero se encuentran con mayor facilidad Gold City, Pine, Última, Elephant, K&L, Royal. No obstante, las cajetillas de Gold City representan más del 50% de los cigarros ilegales en nuestro territorio.Basados en el nivel actual de incidencia, se estima que en el mercado costarricense existen cerca de un billón de unidades de cigarrillos ilegales disponibles, lo cual equivaldría a un impacto fiscal de $55 millones.El combate de este ilícito se produce mayoritariamente por la Policía de Control Fiscal, la Policía de Fronteras y la Fuerza Pública, autoridades que durante 2020 decomisaron más de 85 millones de unidades de cigarrillos ilegales.Estos grupos policiales en lo que va del 2021 han incautado aproximadamente 31 millones de unidades, en su mayoría en la zona fronteriza con Panamá.

• Tras los decomisos y detencionesCasos de contrabando se acusan en un año

En el Ministerio Público se tramitan las denuncias penales en los casos que se logra el mínimo de $5 mil que establece la Ley General de Aduanas en su artículo 211.El Periódico del Pueblo conversó con Christian Quirós, de la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios y Aduaneros, quien explicó que los casos se presentan luego de la valoración que Aduanas emita y el análisis técnico que realicen.Se trata de un delito cuya reincidencia no tiene una sanción agravante, pues no se define de esta forma en la ley, sino que se manejan como casos distintos para una misma persona.“No tenemos un caso de una persona que haya sido condenada en varias ocasiones por el mismo delito de contrabando. Si se habla de personas que se están dedicando regularmente al delito de contrabando el tema es por parte de la Policía de Control Fiscal (PCF), quienes tienen su departamento de investigaciones, ellos tendrían que hacer un trabajo de inteligencia y presentarle el caso sólido al Ministerio Público con relación a esta persona que ha sido sorprendida en varios eventos”, añadió.El fiscal explicó que el Ministerio Público no se entera de los casos administrativos, por lo que es la PCF quien debe realizar el informe cuando una persona sea un objetivo para las autoridades por este delito.Quirós indicó que en los delitos de contrabando, al igual que en otros tipos, se tiene prioridad, siendo las causas penales con personas detenidas las primeras que deben atenderse.“Causas con personas adultas mayores y los casos viejos que llamamos casos de rezago, que son los que tienen más de tres años de estar en el Ministerio Público. No obstante, para el asunto de los contrabandos es una figura que es bastante expedita para la cantidad de trabajo que se tiene, básicamente nosotros como Ministerio Público en los casos de contrabando con las valoraciones y todo el insumo probatorio que nos tiene que remitir la Policía de Control Fiscal, así como el insumo probatorio que les tenemos que solicitar, nosotros estamos formulando las acusaciones dentro de un año aproximadamente desde que se da el decomiso”, explicó.En el Ministerio Público lograron hace poco una condena a un imputado que cumplía prisión preventiva, cuyo proceso duró menos de un año, luego de que el sujeto prefiriera someterse a un abreviado.

• En trasiego de cigarrillosCriminales aprovechan economía de oportunidad

La mayor parte de los decomisos se producen en las zonas limítrofes, por ello la labor de la Policía de Fronteras ha sido crucial para combatir este flagelo, junto con las acciones emitidas por la Policía de Control Fiscal.Eric Lacayo, director de la Policía de Fronteras, explicó a DIARIO EXTRA que realizan la mayoría de incautaciones en controles de carretera gracias a una serie de perfiles que han logrado identificar.“Algunos son fortuitos en controles de carretera que se tienen y se logran detectar, otras son porque recibimos información confidencial de alguna persona o fuente de información que nos permite dar con sitios donde se tienen embodegados, o se están preparando para salir o camiones que ya vienen con la carga ilegítima”, indicó.El jefe policial resaltó que las personas que han sorprendido en este ilícito no cuentan con una característica común entre sí, por el contrario se trata en algunos casos de lugareños que vieron una oportunidad en el trasiego de estos cigarrillos.“Nosotros somos más de actores sobre el terreno, no llevamos ese hilo conductor de una investigación como eventualmente lo puede hacer el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) o la Policía de Control Fiscal, nosotros obedecemos más a circunstancias propias de la operación sobre el terreno”, añadió.En el caso de Fronteras, mencionó que la mayoría de detenidos han sido costarricenses en edades de 35 a 40 años.Este cuerpo policial decomisó en 2019 un total de 41.143 cigarrillos, en 2020 fueron 135.857 y, hasta agosto del 2021, contabilizan 647.012.Lacayo señaló que el incremento notorio se debería a la situación económica que atraviesa el país, es decir mantienen una economía de oportunidad, así como a un aumento en la presencia policial en los sectores fronterizos que ha permitido dar con mayores trasiegos de cigarrillos, situación a la que se le ha venido poniendo más atención.“En el fondo hay una caracterización criminal, solo los cigarrillos es una forma de estructura criminal que está trasegando el objeto. Definitivamente hay un grupo criminal organizado que hace el traslado del recurso del país de origen que no lo tenemos propiamente definido y eso implica un trasiego por ambas fronteras, porque el trasiego es para consumo nacional, entonces lo que ocurre en la frontera es una situación meramente de oportunidad para la estructura organizada que trasiega y que tiene el capital para hacer el trasiego ilegal de los cigarrillos”, manifestó.Lacayo acotó que quienes se dedican a este ilícito en algún momento podrían trasegar otros productos como licor y drogas.

• Policía ha incautado 39 millones de cigarrillosPCF trabaja en golpes al contrabando

En el caso de la Policía de Control Fiscal (PCF), los cigarrillos ilegales son una mercancía de decomiso frecuente y en gran cantidad.De acuerdo con Melissa Rodríguez, subdirectora de la PCF, entre 2019 y 2020 la cifra de decomiso ronda los 60 millones, mientras que este 2021 han incautado aproximadamente 39 millones.“Estos cigarrillos se contabilizan en unidades por un tema de valoración de mercancía, que ahí es donde nosotros técnicamente tenemos que soportar el tema de acusación administrativo o judicial dependiendo de la cuantía”, dijo.El delito de contrabando está tipificado en el artículo 211 de la Ley General de Aduanas y tiene tres particularidades importantes que incluyen una pena de prisión.El contrabando como delito tiene una pena de tres a cinco años, mientras que en su modalidad agravada la condena va de cinco a quince, un agravante puede ser un doble forro en un medio de transporte. En ambos casos el decomiso debe tener una cuantía de $5 mil.Además, existe el delito fraccionado que consiste en intervenciones donde la cuantía no da para configurar el delito. No obstante, si una persona comete una infracción y en un año calendario acumula varios eventos, la ley brinda la posibilidad de sumar las cuantías para tratar de lograr los $5 mil, lo cual se consideraría un delito y no un caso administrativo.“La gente visualizaba que si traía poco entonces no iba a pasar de una infracción administrativa, esto queda en un proceso administrativo a nivel de la Dirección General de Aduanas, en cambio con este delito fraccionado se interpreta que esas conductas de manera reiterada en una persona, que en más de una ocasión se detecte que está transportando mercancía de contrabando, podría ser sujeta a una acusación penal”, explicó.Rodríguez acotó que la policía ejecuta dos acciones, principalmente. Se trata de la obligatoriedad de denunciar un presunto delito y, desde el punto de vista técnico, deben brindarle el soporte a la Fiscalía para que el caso logre la acusación, juicio y sentencia.La subdirectora de la PCF expresó que las mercancías decomisadas se deben destruir, es decir las personas no tienen la posibilidad de recuperar los artículos como ocurre con otras mercancías como electrodomésticos o ropa.“En temas de cigarrillos sí o sí tienen que pasar por un proceso de destrucción”, resaltó.Añadió que la ganancia que como autoridades tienen al decomisar la mercadería en grandes volúmenes consiste en prevenir el daño al fisco y evitar que esos artículos lleguen a las manos de los costarricenses.Por ejemplo, un cargamento ilegal de 14 millones de cigarros representa aproximadamente ¢390 millones en impuestos que no se perciben.