Las finanzas francesas se tomarán una pausa electoral

Debería haber sido lo que los franceses llaman une évidence, una obviedad. Hace casi un año, Alimentation Couche-Tard, una cadena de tiendas de conveniencia de Quebec, ofreció dejar 18.000 millones de euros en la tierra de los antepasados de sus fundadores para comprar Carrefour. Los quebequeses prometieron invertir miles de millones y no despedir a nadie. Pero Emmanuel Macron descartó el acuerdo con un jupiteriano gesto de la mano.

Es cierto que los canadienses estuvieron torpes en su planteamiento. Contrataron al expatrón de Macron, Rothschild. Pero la due diligence de Couche-Tard consistió más en recorrer los pasillos de Carrefour y Monoprix que en informar al ministro de Finanzas, Bruno Le Maire. Sorprendido por la propuesta, la rechazó de plano en la televisión por cable.

Esto ilustra hasta qué punto la política y la empresa privada están enredadas en la séptima economía del mundo. Y explica por qué las finanzas parisinas comenzarán 2022 de forma relativamente plácida, pero probablemente terminarán el año con una explosión. Macron lucha por un segundo mandato. Aunque lleva una cómoda ventaja en los sondeos, su rápido ascenso a la presidencia y la volubilidad de los votantes, que no han dado un segundo mandato a ningún presidente desde Chirac en 2002, hacen que la reelección en abril no sea un hecho.

Ello hará que los banqueros pierdan el entusiasmo por las operaciones hasta las elecciones. No solo porque teman que las transacciones, especialmente las que implican a compradores internacionales, se enfrenten a un escrutinio adicional durante este periodo políticamente febril. También porque hay una fuerte facción pro-Macron entre la clase ejecutiva del Cac 40 que quiere evitar hacer cualquier cosa que pueda echar a un exfinanciero corporativo del Elíseo.

En general, Macron ha sido bueno para los negocios y las fusiones. Es cierto que ha obstaculizado algunas grandes operaciones, como la fusión de Renault con FCA hace dos años. Pero la hornada de aspirantes a su puesto puede no ser más complaciente. Éric Zemmour, un experiodista con opiniones euroescépticas y de línea dura contra la inmigración, probablemente sería aún más hostil a las empresas y al capital extranjero que la principal contrincante de Macron en la derecha, Marine Le Pen. La izquierda está fragmentada. Y Valérie Pécresse, jefa del gobierno regional de París, candidata del centroderecha, no es percibida como más abierta a las fuerzas del mercado que Macron.

En este contexto, los acuerdos delicados quedarán en suspenso, al menos hasta después de que Macron gane las elecciones, y quizás durante más tiempo si su partido no consigue una posición sólida en el Parlamento. El mayor de ellos sería la tan esperada reestructuración de EDF, la gigantesca eléctrica en la que el Estado tiene un 85%. Es probable que el Gobierno adquiera el pequeño capital flotante y separe los activos renovables de su negocio de energía nuclear.

La compra por parte de extranjeros en sectores considerados estratégicos –una definición que Francia ha ampliado para incluir el yogur, los supermercados o los coches– seguiría prohibida. A finales de noviembre, el Ministerio de Finanzas amplió un año más las endurecidas restricciones sobre la propiedad extranjera de empresas que considera estratégicas. Los compradores foráneos deben recibir permiso para tomar participaciones superiores al 10% en cotizadas de salud, comunicaciones electrónicas, tecnología, aeroespacial, centros de datos, medios de comunicación y seguridad alimentaria.

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— Eddie C Sun Jun 23 02:21:33 +0000 2019

Y los compradores de private equity, a los que se considera propietarios temporales, querrán evitar activos que afecten a los intereses nacionales. Eso, por ejemplo, parece excluir cualquier venta inminente de empresas como Idemia, un negocio de seguridad adquirido por Advent y Bpifrance a Safran en 2016. Valorada en 2.700 millones de euros, está especializada en tecnología de identificación biométrica y presta servicios al Gobierno, incluido el control de fronteras. Poner en juego un activo así en elecciones sería complicado.

Del mismo modo, privatizaciones, como la del 51% del Gobierno en Aéroports de Paris, que Macron quería usar para poner en marcha un fondo de innovación, pueden tener que esperar hasta finales de 2022, si no más allá. Aunque un referéndum para bloquear cualquier venta del operador aeroportuario no logró reunir suficientes firmas en 2020, la empresa cotiza a la mitad de su máximo prepandemia, lo que hace que una venta sea financieramente menos atractiva, y potencialmente más fácil de criticar para los opositores.

Difíciles, pero no imposibles, de llevar a cabo en una campaña electoral serían las fusiones nacionales que plantean cuestiones anticompetitivas. Dicho esto, en octubre Macron se negó a renovar el mandato de Isabelle de Silva como jefa antimonopolio, una señal que muchos banqueros interpretaron como que quiere facilitar la creación de paladines nacionales y europeos.

Pero el problema es que las fusiones suelen implicar recortes de empleo, lo cual daría munición a los oponentes de Macron. Aunque no fue la causa principal del fin de las conversaciones entre Carrefour y Auchan, sí que planeó sobre ellas. Una fusión habría dado lugar a un gigante nacional con una cuota del 30%, una reducción de la competencia, y menos empleos.

Tras las elecciones, una unión de Carrefour con Auchan –o incluso un reintento con Couche-Tard– puede ser posible. Incluso podrían estar sobre la mesa fusiones más sonadas, como la largamente estudiada compra por parte de BNP de Société Générale. Mientras, la demanda reprimida de activos en el extranjero por parte de pesos pesados franceses con balances saneados como LVMH, L’Oréal, Kering, Sanofi, TotalEnergies y Schneider Electric puede ser más aceptable políticamente. Otra cosa es que sus accionistas puedan soportar los precios que tendrán que pagar en el extranjero.

Los autores son columnistas de Reuters Breakingviews. Las opiniones son suyas. La traducción, de Carlos Gómez Abajo, es responsabilidad de CincoDías