En lados opuestos los miembros de la Junta de Supervisión por el fin de su mandato Tags: Negocios Regístrate para recibir el newsletter gratuito Más en Negocios Destacados Ups
La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) confirmó este jueves el plan fiscal que el gobierno deberá adoptar en los próximos cinco años para consolidar su gobernanza financiera en medio de discrepancias entre los directivos del organismo en torno a cómo y cuándo deben terminar sus funciones.
Tal como El Nuevo Día reseñó ayer, el Plan Fiscal 2022 contempla aumentos salariales para educadores, oficiales correccionales y bomberos, mantendrá el bono de Navidad de los empleados públicos y provee para que el gobierno central inyecte unos $10,300 millones al fideicomiso de pensiones, fondos que servirán para pagar las pensiones, cuando no haya dinero suficiente en el Fondo General.
Pero si bien los integrantes confirmaron el plan de manera unánime, los directivos del organismo dejaron a la luz sus diferencias en lo que atañe al mandato que recibieron del Congreso, una vez el directivo Justin Peterson utilizó uno de sus turnos en la reunión del organismo para solicitar a la legislatura federal que ponga fin al organismo antes de lo previsto en la ley federal Promesa.
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“Usemos este punto de inflexión como una oportunidad para hablar del rol de la junta”, dijo Peterson durante la conferencia de prensa convocada por la JSF al concluir el cónclave que sirvió para reiterar la importancia de la confirmación del Plan de Ajuste (PDA) del gobierno central en el proceso de remendar las finanzas de la isla.
Peterson indicó que de la misma forma en que la congresista puertorriqueña Nydia Velázquez (D-Nueva York) y otras figuras políticas jugaron un papel clave en la aprobación de la ley federal Promesa, ahora el Congreso debe revisar el estatuto y poner fin al organismo que posee poderes por encima del gobierno electo de la isla.
“Quien decide qué es acceder al mercado a tasas razonables”, dijo Peterson a este diario haciendo referencia a otro de los criterios en Promesa para que la JSF termine su mandato.
10 años es demasiado tiempo, asegura Peterson
Particularmente, Peterson cree que el requisito de cuatro años de presupuestos balanceados podría reducirse a dos acortando la existencia de la JSF.
De lo contrario, en términos prácticos, la JSF habrá operado en la isla por espacio de 10 años, un tiempo que considera “demasiado largo”.
Peterson sostuvo que, por espacio de cuatro a cinco años, la JSF utilizó a Promesa como “un escudo” contra los acreedores, pero en ese tiempo, debido a las restricciones que tiene la JSF, se hizo muy poco en adoptar las reformas estructurales que serían necesarias para enderezar las finanzas públicas.
Acto seguido, Peterson catalogó como “un escándalo” que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) lleve unos siete años incumpliendo con sus bonistas, por lo que esa reestructuración debe concretarse a la brevedad.
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Sobre todo, el estratega de Comunicaciones y cabildero -quien antes asesoró a grupos de bonistas de la isla y organizó una campaña de descrédito contra Puerto Rico en medio de la crisis fiscal- sostuvo que ahora que se ha confirmado el PDA del gobierno central, deben ser los oficiales electos de la isla, y no la JSF, quienes decidan las medidas fiscales que son necesarias para mantener un presupuesto balanceado.
El Nuevo Día preguntó a Peterson si su postura para que la JSF termine su mandato antes de lo previsto no podría interpretarse como una manera de desentenderse de Puerto Rico ahora que los bonistas tienen asegurada su parte con el PDA.
Peterson contestó en la negativa. Indicó que si bien los recortes obtenidos en el PDA no afectarán a todos los bonistas por igual, pues ello dependen del momento y cuánto pagaron por los bonos de Puerto Rico, la gran mayoría de los bonistas de la isla vieron un descenso en el valor de su bonos y perdieron miles de millones de dólares con la reestructuración.
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“Creo que hemos enderezado el barco y conseguimos un acuerdo… Tres millones y medio de personas que viven en Puerto Rico son ciudadanos americanos y los americanos no deben ser gobernados a perpetuidad por una junta de siete personas”, dijo Peterson. “No podemos estar aquí para siempre”.
Queda trabajo por hacer
De inmediato, los directivos Andrew Biggs y John Nixon le salieron al paso a Peterson, señalando que resulta necesario que el gobierno adopte las medidas que evitarían una segunda bancarrota.
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“Sería un tonto la persona que no esté preocupada por tener una junta con personas nombradas por el presidente (de Estados Unidos), mayormente fuera de la isla, que no son electas y que tienen una influencia significativa sobre lo que pasa en Puerto Rico”, dijo Biggs.
“La idea de regresar más control a los líderes que fueron electos por los puertorriqueños es obvia, pero al mismo tiempo, no puedes acabar con una junta como esta sin corregir los serios errores que se han cometido a lo largo del tiempo, errores que han afectado la calidad de vida y la prosperidad económica de Puerto Rico en casi todos los aspectos”, prosiguió el experto en planes de pensiones y quien es parte del organismo desde su creación hace cinco años.
“Quisiera que nos disolviéramos hoy mismo, pero hay mucho en la línea, hay mucho en juego para el pueblo de Puerto Rico para que nos rindamos ahora”, insistió Biggs.
Por su parte, Nixon expresó que no tendría problema en disolver la JSF, pero solo si hay evidencia de que el gobierno puertorriqueño ha adoptado suficientes medidas fiscales como para no regresar a una segunda quiebra y ese no es el caso.
“Este no es el fin del juego”, dijo Nixon haciendo referencia a la confirmación del PDA del gobierno central, lo que describió como “una tarea hercúlea”.
Nixon, quien lleva un año en la JSF, sostuvo que ese corto período de tiempo, el organismo fiscal ha detenido varias leyes estatales que son incompatibles con la realidad fiscal de Puerto Rico. Esa dinámica, a su juicio, es indicativo de que todavía falta un trecho para que el gobierno adopte las mejores prácticas para la gestión de sus recursos.
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El directivo con sobre 25 años de experiencia en presupuestos gubernamentales recordó que en los primeros años del plan fiscal recién confirmado se proyecta un período de crecimiento económico asociado a los fondos federales para la reconstrucción y para combatir los efectos económicos de la pandemia. Indicó, no obstante, que mantener una tendencia de crecimiento y actividad económica más allá del primer lustro requiere utilizar tales fondos federales de manera estratégica, un ejercicio en el que la JSF puede participar.
“En ausencia de esas medidas fiscales, Puerto Rico irá derecho a una segunda quiebra”, subrayó Nixon.
Antonio Medina, el directivo de la JSF residente en la isla, coincidió con sus pares al plantear que todavía quedan por atenderse varios “asuntos grandes” como la reestructuración de la AEE y de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT).
Medina sostuvo que la JSF debe poner el foco en el Título V de Promesa, dirigido a agilizar proyectos críticos para la isla y el organismo también debe asegurarse de la buena gestión del gobierno antes de dar por terminada su función.
Por su parte, el presidente de la JSF, David Skeel se hizo eco de las expresiones de Biggs y Nixon y destacó el avance obtenido con Puerto Rico tanto con el PDA como con la certificación del Plan Fiscal 2022.
Mientras la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, indicó que los lineamientos para que la JSF termine sus funciones están establecidos en Promesa.